Reseña

Este Position Paper, publicado por la Universidad de Chile en 2026, aborda la urgente necesidad de garantizar una Educación Sexual y Afectiva Integral (ESAI) inclusiva para las personas con discapacidad en el país. El documento identifica que esta población enfrenta barreras estructurales significativas, tales como la falta de un marco normativo específico, la ausencia de formación docente especializada y la persistencia de prejuicios socioculturales que tienden a la desexualización o infantilización de las personas con discapacidad. Ante esto, los autores proponen un cambio de paradigma basado en el modelo social y de derechos humanos, posicionando la sexualidad como una dimensión legítima y fundamental para el desarrollo de la autonomía y el bienestar. La declaración establece principios rectores que exigen que la ESAI sea temprana, universal y accesible, superando los enfoques tradicionales centrados únicamente en la prevención de riesgos biológicos.

El texto destaca la importancia de implementar ajustes razonables y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para asegurar que los contenidos lleguen a toda la diversidad del estudiantado, incluyendo a quienes presentan discapacidades sensoriales, cognitivas o físicas. Asimismo, subraya el rol crítico de las familias y equipos interdisciplinarios, instándolos a transitar desde la sobreprotección y el control hacia el acompañamiento y la promoción de la autodeterminación de las personas con discapacidad.

Finalmente, el documento presenta una serie de recomendaciones estratégicas dirigidas al Estado y a las instituciones educativas y de salud. Entre estas destacan la actualización de las bases curriculares nacionales con enfoque de discapacidad, el financiamiento de materiales pedagógicos en formatos accesibles (como lectura fácil, braille y lengua de señas) y la creación de una mesa interministerial para coordinar estas políticas.

En conclusión, el documento sostiene que garantizar una ESAI inclusiva no es una opción técnica, sino una obligación ética y un estándar mínimo de justicia social para que ninguna persona sea excluida del derecho a vivir su sexualidad con dignidad.