Reseña

Aquello que llamamos democracia, el sistema de convivencia, orden social y político que pregonamos como el más justo, participativo y garante del progreso y la paz, se funda sobre una serie de convenciones y reglas que no pueden ser tácitas, sino compromisos ineludibles para todo tipo de autoridad y todo ciudadano y ciudadana.
Dichas convenciones y reglas son las leyes emanadas de la labor de los parlamentarios, elegidos para resguardar los intereses de aquellos a quienes representan, o de iniciativas del poder Ejecutivo.
El cuidado del cumplimiento de las convenciones y reglas es responsabilidad de los jueces de los distintos tribunales y cortes, cuyo desempeño y juicio, ajustado a derecho, responde a los principios de la igualdad ante la ley y la imparcialidad de sus veredictos. El Ministerio Público y las fiscalías acusan y proveen los antecedentes y pruebas que permiten a la corte dirimir entre inocentes o culpables y determinar las sanciones y penas que correspondan para resarcir o castigar el daño causado.
El ordenamiento general, la carta de navegación, el manual de instrucciones que define las reglas del juego, los límites, atribuciones, responsabilidades y derechos, es la “Carta Magna” o Constitución Política de la República.
En este esqueleto estructural de la democracia, ninguna de sus partes puede ser sujeto de la influencia, transformación, intromisión, reorientación o alteración provocadas por individuos particulares que obedezcan a intereses ajenos al bien común o que sean operadores de intereses corporativos.
Todo esto puede representarse como un edificio de sólidos cimientos, de paredes transparentes, pasillos y salones iluminados, pisos, habitáculos, armarios, cajones y salones abiertos a todo escrutinio.
Es decir, un palacio de cristal. Un castillo de Disneylandia. Una obra de ficción política. Un espejismo.